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20 de julio de 2010, 01:18:00 CATALUNYA
Los restos de los doce fallecidos, entre los que había también dos colombianos y dos bolivianos, no pudieron ser entregados a sus familiares hasta quince días después del siniestro
Los restos de los siete ecuatorianos fallecidos en el en el accidente de tren de Castelldefels-Playa el 23 de junio, en la noche de San Juan fueron repatriados a su país el 16 de julio. En el accidente murieron también dos colombianos, dos bolivianos y un rumano, y otras 14 personas resultaron heridas.
El siniestro, el más grave ocurrido en España desde 2003, se produjo cuando un tren arrolló a un grupo de jóvenes que cruzaban las vías tras saltar desde el andén para dirigirse a la playa de Castelldefels y celebrar ahí la verbena de la noche de San Juan.
La entrega a las familias de los restos de las doce personas fallecidas en el accidente fue decretada por el juez el 8 de julio, después de que los restos de las víctimas mortales fuesen definitivamente identificados y reunidos convenientemente.
Tras el accidente, el Gobierno ecuatoriano a través de la Embajada, el Consulado en Barcelona y la Oficina de la Secretaría Nacional del Migrante (Senami) prestó todo su apoyo y asistencia a los familiares de los migrantes ecuatorianos fallecidos, incluyendo la repatriación de los restos para que pudieran recibir sepultura en su tierra natal, y el acompañamiento en el vuelo de un familiar de cada víctima.
El embajador del Ecuador, Galo Chiriboga Zambrano, se entrevistó el 13 de julio en Madrid con presidente de sede de la Red de Ferrocarriles Española (Renfe), Teófilo Serrano Beltrán, para interesarse por la marcha de las investigaciones administrativas abiertas sobre el siniestro.
Serrano manifestó al diplomático que avanzan con regularidad y dentro de los cauces habituales las investigaciones sobre el siniestro dispuestas por la propia Renfe como operadora del servicio ferroviario en España y ADIF, la empresa estatal encargada de la administración de la infraestructura ferroviaria.
Recordó que estas dos investigaciones administrativas, que probablemente no concluirán antes de la segunda quincena de septiembre, se desarrollan independientemente de aquella que conduce el juez de primera instancia número 1 de Gavá (Barcelona), que ha dispuesto el secreto del sumario.
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