Así, el texto de la proposición se hace eco del dictamen presentado por la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH) que manifiesta que el internamiento preventivo y sistemático de toda persona extranjera en situación administrativa irregular que no haya cometido ningún delito en CIES, es contrario al derecho a la libertad y a la seguridad personales proclamado en el artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y además no respeta la propia legislación española de extranjería.

En este sentido, la iniciativa parlamentaria destaca que informes del Defensor del Pueblo, de la Fiscalía General del Estado y de varias organizaciones de la sociedad civil ponen de manifiesto que se vulnera la legislación española dejando a las personas internas en “condiciones inhumanas de internamiento en todos los CIE” y además se producen frecuentes abusos y maltratos, dificultades y pegas para acceder al juez, al fiscal, a sus abogados, familiares y asistencia médica. “Todo esto documenta otras violaciones de derechos humanos no derogables, como por ejemplo el derecho a la integridad física y moral, así como el derecho a un recurso efectivo. En definitiva, las personas internadas en los CIE sufren una discriminación múltiple que es incompatible con los artículos 5 y 6 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (CIEDR)”, dice el texto de la proposición.

Así, la proposición no de Ley califica el internamente de extranjeros en los CIES como una medida “desproporcionada” en relación al objetivo del Estado de regular las migraciones, “es discriminatoria” y por lo tanto “incompatible con el artículo 5 de la CIEDR.

Por todo ello, Buenaventura cree que debería abolirse el internamiento en CIES y ser sustituido por otras medidas cautelares que sean compatibles con el derecho a la libertad y seguridad de todas las personas y no discriminatorias, como por ejemplo la notificación periódica a las autoridades, el depósito de una garantía financiera o la obligación de permanecer en un domicilio designado, un centro abierto u otro tipo de vivienda especial.