La asociación considera que dichas mociones comportan una sanción diferente ante un mismo acto incívico en función de la nacionalidad y la situación administrativa del infractor, que además de recibir una multa vería “negada o dificultada” la posibilidad de acceder al permiso de residencia apelando a su arraigo social –una vía de regularización extraordinaria–, o de traer a sus familiares.
Para la portavoz de SOS Racismo, Alba Cuevas, las mociones pretenden “conseguir rédito electoral” de cara a los comicios municipales de mayo, en línea con iniciativas como comunicar los casos de empadronamiento de inmigrantes en situación irregular y la prohibición de los velos integrales en instalaciones municipales.
Las mociones han sido aprobadas en Lleida, Badalona (Barcelona), L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y Salt (Girona).
La moción de Lleida –la última en salir adelante– se aprobó por 23 votos a favor, los de PP, PSC (que gobierna en mayoría) y CiU (a quien le faltó un concejal), y contó con los votos en contra de ERC e ICV.
En L’Hospitalet, donde el Ayuntamiento, a propuesta del PSC, ya aprobó en diciembre instar al Congreso a reformar el reglamento de la Ley de Extranjería para que los inmigrantes que vulneren las normas municipales de civismo se les deniegue el reagrupamiento familiar y el arraigo, el PP intentó dar una nueva vuelta de tuerca al asunto. Los populares presentaron recientemente otra moción en la que se pedía que se puediese denegar el permiso de residencia a los inmigrantes que no respeten las normas de civismo. La moción fue rechazada con el voto en contra del PSC, que entiende que el texto no aporta nada nuevo a lo aprobado en diciembre.
En Salt –el municipio que encendió la mecha– se plantea ahora proponer que a los inmigrantes hayan demostrado conductas incívicas se les retire también la Renta Mínima de Inserción (PIRMI), ayuda se concede a los ciudadanos en dificultades económicas y sociales con el propósito de atender las necesidades básicas para vivir en sociedad.

Girona y Terrassa rechazan propuestas similares a las aprobadas por Salt, Badalona, L’Hospitalet y LLeida

Los plenos municipales de Girona y Terrassa (Barcelona) rechazaron sendas mociones del PP que pretendía denegar el permiso de residencia y la reagrupación familiar a los inmigrantes que hayan transgredido las ordenanzas de civismo. Igualada (Barcelona) también tumbó hace unas semanas una moción similar.
El consistorio de la capital gerundense, con los votos en contra de PSC, ICV y ERC y la abstención de CiU, se posicionó así contra una línea de actuación que, además de Salt, gobernado igualmente por una alcaldesa socialista, han secundado otras poblaciones como L’Hospitalet de Llobregat o Badalona.
La moción del PP reclamaba que la concesión del permiso de residencia por arraigo y la reagrupación familiar precise de un informe municipal que descarte falta de civismo por parte del sujeto solicitante.
En Terrassa, la propuesta fue rechazada con los votos del PSC, ERC, ICV-EUiA, mientras que CiU se abstuvo y el PP votó a favor, sumándose así a poblaciones como Girona e  que también han tumbado mociones similares.
El texto de la moción instaba al Ayuntamiento a solicitar al Gobierno que el nuevo Reglamento de la Ley de Extranjería establezca la necesidad de un informe municipal en el que consten las infracciones de las ordenanzas de civismo para los trámites de arraigo y de reagrupación familiar, y que en el caso de tener sanciones en firme durante los últimos 12 meses éstas pudieran suponer la valoración negativa por parte de las corporaciones locales.
El equipo de gobierno municipal –PSC, ERC y ICV-EUiA– calificó la medida de “vulneración del principio de igualdad”, ya que el arraigo y el reagrupamiento familiar son derechos establecidos por la ley.