“Las medidas adoptadas por el gobierno para abordar el racismo han sido insuficientes”(Informe 2010 de Amnistía Internacional - El Estado de los Derechos Humanos en el Mundo /España)
Un nutrido grupo de organizaciones no gubernamentales y diversosmedios de comunicación han testimoniado y denunciado la existencia ycontinuidad de los controles policiales de identificación por motivos raciales.El mes pasado, el periódico Diagonal aportaba un nuevo ejemplo de ello,publicando la noticia de que uno de sus colaboradores (el fotógrafo EduardoLeón) había sido detenido mientras realizaba instantáneas de los controles deidentificación de inmigrantes en la estación de metro de Lavapiés, en la ciudadde Madrid.
Estos procedimientos, conocidos popularmente como redadas, serealizan de forma sistemática en vías y sitios públicos frecuentados porinmigrantes. Tirso de Molina, Plaza Castilla, Aluche y Legazpi son sólo algunosejemplos de los lugares en donde se llevan a cabo estas actuaciones policiales.Ahora bien, podríamos hacernos la siguiente pregunta: ¿supone ello unairregularidad de parte de las fuerzas de seguridad? La respuesta no admitetitubeos: Si, en la medida en que se utilizan criterios étnicos y raciales para laidentificación de las personas como indicios de su posible situación irregular enel país. Y en tal sentido un menoscabo de sus derechos, de nuestros derechos.Un informe recientemente publicado por el Grupo Inmigración y SistemaPenal, integrado por profesionales del Derecho Penal (www.inmigrapenal.com),señala que estas actividades por parte de agentes policiales puede darlugar a responsabilidades penales o disciplinarias y que “en ningún caso, laobediencia debida podrá amparar órdenes que entrañen la ejecución de actosmanifiestamente constituyan delito o sean contrarios a la Constitución o lasLeyes”Es abiertamente contradictorio que se invoque a la ley para proporcionarseguridad a la ciudadanía pero que no ajuste a la misma cuando se selecciona alas personas en virtud de la apariencia física de las mismas.A la cartera del interior se le ha llamado repetidamente la atenciónal respecto pero el silencio o la negación de semejante política ha sido larespuesta.Se impone la necesidad de acabar con estas actuaciones y de estableceruna estrategia integral para combatir el racismo en todo el país tal como hanrecomendado, en reiteradas ocasiones, además del tejido asociativo, el Comitéde las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial y elObservatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia.España debe publicar, y para ello antes recopilar, datos y estadísticasoficiales sobre denuncias y delitos racistas. Si no lo hiciese, además decontravenir acuerdos internacionales de obligado cumplimiento seguiría sinhacer lo suficiente para abordar el racismo y la xenofobia.
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