Tan importante como los elementos cuantitativo y de tiempo, es que esta incorporación se ha dado en zonas ocupadas, altamente densificadas, generando procesos de sustitución de una población por otra, magnificándose la percepción del otro y causando unas transformaciones importantísimas en las relaciones y en el espacio comunitario. Además, la inmigración en España tiene fundamentalmente carácter económico. El objetivo, legítimo, es mejorar su situación, disponer de un empleo, alcanzar mejores niveles de bienestar y ayudar a sus familias.

Hemos de asumir, pues, nuestro papel dentro de un mundo global como sociedad receptora, yya no como emisora, y entender que las personas que llegan a España han iniciado un proceso complejo, a menudo doloroso, para poder cumplir su expectativa: Mejores condiciones de vida y un trabajo que lo facilite. Entonces, no es posible desde las políticas públicas dejar de relacionar la llegada de una persona inmigrante con el trabajo, su principal expectativa. También hemos de asumir que para seguir con nuestro desarrollo y bienestar, a pesar de la crisis que vamos a superar, necesitamos de personas que aporten su esfuerzo, su talento y su trabajo, en situación de igualdad con los españoles, con derechos y obligaciones, que les permita compartir un proyecto colectivo de país.

Todo ello nos obliga a tener un marco legal claro, enmarcado en las políticas de la Unión Europea, que señale condiciones para la entrada, que apueste por la regularidad y la integración, que ponga en sintonía a las personas y sus expectativas con la sociedad receptora y las suyas, a la vez que es necesario contemplar en la acción legislativa otros condicionantes del contexto: mercado de trabajo, modelo de bienestar, recursos públicos y privados, vivienda, espacio público, normativa europea, entre otros, a fin de que el resultado permita una incorporación más armónica, fortalezca las relaciones y sirva por encima de todo para construir buena convivencia y cohesión social.

Esta visión se contradice a menudo con otras de carácter asistencialista, que desde nuestro punto de vista no conducen a la plena ciudadanía y mantienen las personas extranjeras en situación de precariedad. Defienden que la persona y sus necesidades están por encima de su situación administrativa, idea que personalmente comparto, pero en la práctica significa amparar una política basada en la irregularidad o de ‘papeles para todos’ que perpetua la invisibilidad, el anonimato y la explotación de todo tipo. Igualan esta acción protectora al concepto de justo y no siempre es así, dado que el concepto de justicia es relativo y no sólo tienen que ver con los flujos migratorios, sino con la situación de la sociedad receptora.

Por otro lado, existe otra visión que desde nuestro punto de vista sí es injusta y conduce a la división y a la segregación, son las políticas que consideran a las personas inmigrantes una mercancía ocasional para ayudar al mercado y a la economía, no importa en qué condiciones, favoreciendo la explotación y donde el factor humano está supeditado a mantener el statu quo. Estas políticas son hermanas de la xenofobia, de las mafias, de los empleadores sin escrúpulos, y además algunos se atreven a culpabilizar a los inmigrantes, hombres y mujeres, de buena parte de los males de nuestra sociedad, y esto es muy serio porque es fácilmente contagiable.

La derecha española, ha hecho en demasiadas ocasiones uso de la inmigración con fines electorales, utilizando discursos y eslóganes alarmistas, que siembran la confusión y el desconcierto, atizan el conflicto y están basados en la manipulación y el engaño, amenazando la convivencia. Pan para hoy hambre para mañana, pues éste es un tema estratégico que requiere esfuerzo, visión de futuro y sobre todo responsabilidad.

En la reflexión interna de los socialistas nos decíamos que la reforma de la ley tenía que tener en cuenta a Taoufik, Fátima, Lufen, Chan, Javier, Umberto, Rosa y María. Dicho de otro modo, tenía que ser una ley que tuviera en cuenta que la llegada y la integración social hay que propiciarla considerando nuestra realidad social económica, poblacional y relacional y, al mismo tiempo, considerando la realidad diversa de aquellos que ya son nuestros vecinos o aquellos que puedan incorporarse en un futuro. Así la ley hace una apuesta clara por la inmigración regular, por la lucha contra las mafias y los abusos, por el trabajo, aunque mantiene la posibilidad de regularización individual por arraigo a partir de un tiempo de estancia en el país y una oferta de trabajo. Amplía los derechos en la reagrupación familiar, haciendo extensivo el permiso de residencia y trabajo al conjunto de personas reagrupadas, mujer, hombre, hijos, hijas, así como el derecho a la escolarización obligatoria y post obligatoria, con acceso a todos los recursos al igual que nacionales o nacionalizados. Esta es una apuesta de futuro que facilita la integración y la igualdad de oportunidades, sobre todo para las segundas generaciones. A la vez restringe, la reagrupación con los ascendientes a los mayores de 65 años, excepto en aquellos casos en que concurran condiciones humanitarias que recomienden la reagrupación con carácter extraordinario, pendiente de desarrollar en el próximo reglamento.

Un tema muy criticado y discutido, que no quiero evitar en este artículo, hace referencia a la ampliación a 60 días en los centros de internamiento, CIEs. Ello responde básicamente a la necesidad de disponer de tiempo suficiente para el caso de personas de países con los cuales existe dificultad de acuerdo para el retorno o para la identificación, lo cual constituía un agravio comparativo para aquellas personas cuyos países colaboran con España en este proceso.

A la vez, la Ley incluye garantías jurídicas sociales, sanitarias y asistenciales: entrada en el CIE por parte de las organizaciones sociales, derecho a la asistencia letrada, sanitaria y social, derecho a comunicarse con familiares y a dos jueces de instrucción, al inicio y durante el tiempo que se permanezca en el centro. Ellos deberán velar para que se cumpla con todas las garantías, con los procedimientos y con los mínimos días necesarios. En la actualidad la estancia media es de 17 días y se trata de reducir este tiempo lo máximo posible. Quiero destacar, no obstante, que la existencia de los CIES está ligada a la voluntad política de apostar por la entrada regular y la lucha contra aquellos que lo propician, las mafias, pues lo contrario, su inexistencia, significaría una política de puertas abiertas que llevaría a dificultades serias para la cohesión, el bienestar y la convivencia.

De ahí el acento en la regularidad, el conocimiento mutuo y el esfuerzo de todos, porque los socialistas españoles hemos luchado y seguiremos luchando por la igualdad, los derechos sociales y las garantías jurídicas: Y esto se refleja en la ley con los artículos que hacen referencia a la atención y protección de las mujeres inmigrantes víctimas de violencia de género, la lucha contra la trata, la explotación sexual y laboral. La protección de los menores. La lucha contra la discriminación y por el ejercicio de derechos de asociación, reunión, participación y sindicación, recurridos por nosotros en la ley del 4/2000 e incorporados ahora, a partir de una sentencia favorable. Pero también una mirada a otros aspectos: la movilidad de las personas investigadoras, científicas, trabajadores de especial cualificación, imprescindible en un mundo cada vez más global.

Sobre el derecho a voto, la Constitución Española lo condiciona a la nacionalidad o bien a la reciprocidad con otros países. Aunque consideramos que la residencia permanente debería ser la única condición para ejercer el voto hoy todavía no es posible, porque nuestro marco jurídico nos lo impide. A pesar de ello, el estado español ha suscrito ya quince convenios para las próximas municipales y otros están en fase de negociación, lo que va a posibilitar que 800.000 personas de origen inmigrante puedan ejercer su derecho a voto en las próximas elecciones locales. La mayoría de estos convenios corresponden a países latinoamericanos con los que tenemos históricamente unos lazos de colaboración y amistad. Y no nos vamos a quedar aquí, vamos a seguir avanzando explorando todas las posibilidades legales, políticas y diplomáticas, para conseguir la extensión de este derecho fundamental a todas las personas residentes en un futuro, pero con el debido respeto a los procesos y tiempo necesarios.

He intentado sintetizar los aspectos más importantes de la ley que se resume en una norma garantista, con derechos, además de los citados, al empadronamiento, sea cual sea la situación administrativa, a la sanidad, a la educación y a los servicios sociales. En definitiva, los socialistas creemos y apostamos por un modelo intercultural, basado en derechos y deberes, sujetos todos los que vivimos en España a la Constitución y a las leyes, de modo que permita consolidar una nueva realidad social de forma armónica para las generaciones actuales, y sobre todo, para las futuras.