Horas antes de que se celebrara la V Conferencia Sectorial de Inmigración, los consejeros de Inmigración de las comunidades autónomas gobernadas por el PP acordaron rechazar la transferencia de las nuevas responsabilidades en Inmigración que prevé el borrador del reglamento de la Ley de Extranjería.
Los populares acordaron en una reunión celebrada en la sede del partido que, para el PP la inmigración “es una cuestión de Estado, es la Administración del Estado la que debe asegurar su buen funcionamiento y es a ella a quien hay que exigirlo”, por lo que consideran “incongruente que el Gobierno exija a las mismas recortes presupuestarios y les transfiera una nueva carga administrativa”.
Según un comunicado, esa fue una de las principales decisiones acordadas por el PP en la reunión de Coordinación de Consejeros de Inmigración, a la que también han asistido el secretario de Nuevas Políticas, Gonzalo Robles; el secretario de Participación Social, Rafael Rodríguez Ponga, y el portavoz de Inmigración en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando.
Juntos, los populares criticaron que el Reglamento transfiera a las comunidades la responsabilidad de realizar informes sobre la integración de cada inmigrante “sin dotar de los medios económicos para llevarlos a cabo, ni establecer criterios objetivos y un modelo estandarizado” para evitar que den lugar a arbitrariedades.
Se trata, manifestaron, de unas responsabilidades que las comunidades “no están dispuestas a asumir por subjetivas, por arbitrarias y no objetivables y, en definitiva, para tapar la mala gestión del Gobierno socialista en materia de inmigración”.
En la misma reunión, los responsables de inmigración del PP también han recordado que los recursos del Fondo Estatal de Acogida a la Inmigración se han reducido de 200 a 66 millones de euros, por lo que consideran que “no es coherente que en esta situación de crisis y de recorte de gastos, se dé lugar a mayor burocracia y dispersión al trasladar la gestión a las comunidades autónomas”.