Según explicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, la nueva legislación facilitará la renovación de las autorizaciones de aquellos trabajadores que tienen una trayectoria laboral que acredita su vinculación reforzada con el empleo, al igual que las de otros extranjeros que cuentan con una red familiar que sustenta su mantenimiento en España cuando no pueden acreditar un contrato de trabajo en vigor en el momento de la renovación.

El Real Decreto contempla cambios significativos que ajustan determinados supuestos de renovación y modificación de autorizaciones de residencia y trabajo de extranjeros. "En el ámbito del diálogo social y en línea con las prioridades del Ejecutivo marcadas en la pasada Legislatura, el Gobierno ha alcanzado varios acuerdos en materia de extranjería que han hecho posible la introducción en esta nueva legislación de criterios para facilitar la recolocación de los extranjeros que hayan quedado en desempleo", dicen desde el Consejo de Ministros.

De este modo, se modifican sus autorizaciones para eliminar las restricciones geográficas o de sector de actividad, así como se cambian la autorización de cuenta ajena a cuenta propia o viceversa.

El Gobierno también aprobó una nueva legislación de regulación de la entrada, libre circulación y residencia de los ciudadanos de la UE, que exime a los familiares de estos ciudadanos con tarjeta de residencia de la obligación de la obtención de visado de entrada. De esta manera, al presentar la tarjeta de residencia de un ciudadanos de la UE en vigor no se requerirá el sello de entrada o de salida en el pasaporte del citado familiar.

Además, aprobó la nueva composición y régimen de funcionamiento del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes, como consecuencia de las modificaciones producidas por la reestructuración de los departamentos ministeriales. El Foro -órgano de consulta, información y asesoramiento en materia de integración de los inmigrantes- está constituido de forma tripartita y equilibrada por representantes de las Administraciones Públicas, de las asociaciones de inmigrantes y refugiados, y de las organizaciones sociales de apoyo como sindicatos de trabajadores y organizaciones empresariales con interés e implantación en el ámbito inmigratorio.

Por otra parte, el cambio en el reglamento Los Estatutos de Autonomía de Cataluña y Andalucía han recogido entre sus competencias ejecutivas laborales la autorización de trabajo de los extranjeros cuya relación laboral se desarrolle en su territorio. De esta forma, en el procedimiento de solicitud de autorización inicial de residencia y trabajo confluirían dos administraciones públicas: la estatal, competente sobre autorización de residencia y la autonómica, competente sobre la concesión de la autorización de trabajo.

Con el Real Decreto, los ciudadanos de las Comunidades Autónomas que tramiten estas autorizaciones se relacionarán con la administración, que es la más próxima al ciudadano, con una única presentación y notificación, explica el Gobierno.

Para ello, se establece un procedimiento único, que gracias a un nuevo sistema informático, permitirá compartir información y ahorrar trámites, así como que ambas administraciones conozcan el estado de tramitación en todo momento.

Cataluña ha sido la primera autonomía con la que el Gobierno ha llegado a un acuerdo sobre este procedimiento de extranjería, aunque la seguridad jurídica y la posibilidad de que las demás comunidades con esta competencia en sus estatutos puedan desarrollarla requerían una regulación en la legislación estatal, justifica el Ejecutivo.