"Es como si estuviéramos en 1930. ¿Nos tendremos que poner una estrella amarilla?”. Ricardo Ferrer, portavoz de la Federación de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados (Ferine), se refería así a la deportación del ecuatoriano Vicente Eduardo Murillo, quien, según una denuncia judicial interpuesta por su mujer, fue maltratado y golpeado por la Policía porque se resistía a subir al avión. La propia Ferine, el Consejo de Entidades de Inmigración (Codeim), America España Solidaridad y Cooperacion (Aesco) y la Federación de Paraguayos Residentes en España (Fapre) han respaldado la denuncia.

La comparación con la Alemania nazi no es gratuita. Muchas otras organizaciones creen que el aumento del racismo y la xenofobia en Europa ligado a la lucha contra la inmigración ilegal empieza a recordar demasiado a los años 30. El caso más acentuado de este panorama lo constituye Italia, cuyo Código Penal ha pasado a considerar delito la inmigración ilegal (antes era, como en España, una mera falta administrativa), castigándola con multas de 5.000 a 10.000 euros tras un fallido intento de hacerlo con la cárcel. Además, el Ejército y patrullas ciudadanas controlan en las calles la inmigración ilegal y los gitanos (mayoritariamente rumanos) han pasado a ser objeto de censos y de confinamiento en campos de concentración eufemísticamente llamados campamentos.

El recorte de los derechos de los inmigrantes es general en toda Europa. Y todo esto en el caldo de cultivo que supone la directiva europea de retorno. Detrás de todo esto está “un modelo político excluyente que recorta cada vez más los derechos de las personas inmigrantes, a partir de la construcción de una escala de categorías en función de su situación administrativa. Así, se diferencia entre una inmigración ‘buena’ –la que tienen papeles- y otra ‘mala’ –la que no los tiene-, y se recortan los derechos de esta última. Pero el director de la sección española de Amnistía Internacional (AI), Esteban Beltrán, advierte: “No tener papeles no significa no tener derechos”.

Esta inmigración ‘mala’ acaba por ser identificada con la delincuencia, incluso por ley, como ha hecho Italia al reformar su Código Penal para que la inmigración ilegal pase ser un delito. “Cada época necesita un chivo expiatorio y ahora el emigrante sin papeles es un candidato ideal para depende qué políticos”, concluye la portavoz de la Federación de Asociaciones de SOS Racismo en el Estado español, Begoña Sánchez.

Los delitos e incidentes racistas en España son difíciles de cuantificar por la inexistencia de registros oficiales. “España sigue siendo uno de los únicos cinco países europeos que no documenta oficialmente los incidentes racistas”, apunta Beltrán. Así las cosas, el Movimiento contra la Intolerancia calcula que en España se producen cada año unos 4.000 crímenes de odio. "Lo que se necesita es que el Ministerio del Interior dé la orden de incorporar en los atestados de la Policía y de la Guardia Civil la motivación", señala el presidente de la entidad, Esteban Ibarra. El Ministerio del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, anunció recientemente en respuesta a una pregunta parlamentaria que a partir de enero se va a empezar a realizar estos registros, pero el Movimiento contra la Intolerancia lo pone “en duda” porque no tiene “constancia de que se haya producido una preparación en las comisaría y en los cuarteles de la Guardia Civil para que los atestados recojan claramente las motivaciones”.

El Movimiento contra la Intolerancia y SOS Racismo piden también una fiscalía especial para los delitos de racismo y xenofobia, como la que está prevista en Cataluña. Más que una fiscalía especial, lo que AI pide es toda “una estrategia” para luchar eficazmente contra el racismo y la xenofobia en España”, que acabe con la situación “entre la invisibilidad y la desgana oficial” en la que se mueve el racismo y la xenofobia en España y una de cuyas medidas, sí, pudiera ser esa fiscalía. Una estrategia similar fue anunciada por el Gobierno hace ocho años, pero aún no se ha puesto en marcha, lo que, a juicio de Beltrán, evidencia la “desgana oficial” que existe en torno al racismo.

Las organizaciones de derechos humanos denuncian también que el agravante de racismo, contemplado en el Código Penal, apenas se aplica.

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