La Junta sostiene que el texto se viene elaborando desde comienzos de año y que “no está paralizado”. Su intención es darlo a conocer a las partes implicadas no más allá de los primeros días de noviembre y garantiza que entonces se abrirá el correspondiente debate para que el texto tenga el “máximo de interlocución” con las partes.

El rediseño del Gobierno andaluz que provocó el ascenso en abril del presidente Griñán -las competencias en inmigración pasaron de Gobernación a Empleo- y, sobre todo, la crisis económica, que mantiene la inmigración fuera de las prioridades, habían dejado el documento en segundo plano.

ONG como Andalucía Acoge, Pro Derechos Humanos y Atime habían alertado de la caducidad del actual plan, el segundo, con vigencia entre 2006 y 2009, y por eso reclamaron a Empleo que acelerase el proceso y convocase ya el Foro Andaluz de la Inmigración, prometido para otoño.

Al aviso de las asociaciones se sumó el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, quien insistió en que Empleo debe abordar con “urgencia” este nuevo proyecto, porque se corre el riesgo de que, en época de crisis, se “olviden” las políticas de “justicia social”.

Chamizo y las ONG “comprenden” que en momentos de crisis sea “impopular” promover el empleo entre extranjeros y que hay que llegar a un “equilibrio”, teniendo en cuenta las altas tasas de paro nacional, pero insisten en que el plan “no consiste en emplear a inmigrantes y ya” sino en buscar “la igualdad de trato en las aulas, el aprendizaje de un idioma, la mejora en la formación, el justo trato médico y, sobre todo, la convivencia sin racismo ni xenofobia con su entorno más cercano”.

El II Plan de Inmigración, vigente desde 2006, se aprobó con un año y medio de retraso sobre el I Plan, lo que obligó a prorrogar los fondos. Contaba con 1.177 millones de presupuesto, con la educación (795 millones) y la sanidad (150) como puntales.