Durante el debate del Pleno, que ha echado atrás las enmiendas a la totalidad del PP, PNV y ERC-IU-ICV por 183 en contra, 154 a favor y dos abstenciones, el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, ha defendido la necesidad de consensuar la nueva reforma de la ley de extranjería y de aparcar las diferencias partidistas.

Todos los grupos del arco parlamentario han recogido el guante, aunque han advertido a Corbacho de que habrá que mejorar mucho el texto original del Gobierno y habrá enmiendas en prácticamente todos los preceptos.

Tras calificar la política migratoria de "asunto de Estado", el ministro de Trabajo e Inmigración ha pedido el apoyo de los grupos para aprobar una reforma que, ha dicho, consolida la inmigración legal y ordenada y la adapta a las necesidades del mercado de trabajo.

En posteriores declaraciones a la prensa, Corbacho ha rechazado la afirmación de algún grupo y de distintas organizaciones sociales respecto a que los inmigrantes sin papeles no podrían empadronarse en caso de carecer de papeles y, consecuentemente, se les cerrarían las puertas a la sanidad y a la educación.

Durante su intervención en el hemiciclo, a cuya tribuna de invitados han acudido organizaciones sociales y la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, el ministro ha recordado los ejes de la cuarta reforma de extranjería que se lleva a cabo desde 2000 y ha acusado al PP de haber declinado la moderación en favor de intereses partidistas.

Ha añadido que la iniciativa legislativa se justifica porque en España hay una nueva realidad migratoria -de 800.000 extranjeros en 1999 se ha pasado a 4,5 millones en marzo de 2009- y es necesario "pasar de una ley de extranjería a una ley de inmigración".

A juicio del PP, en boca de su portavoz Rafael Hernando, la política migratoria del Ejecutivo ha pasado del "papeles para todos a problemas para todos" y sus regularizaciones "masivas" tampoco han servido, dado que el actual número de irregulares ronda "el millón, según un sindicato".

Hernando ha acusado a Corbacho de mentir, porque, pese a la crisis y a sus "declaraciones demagógicas de que España no necesita más extranjeros, en el segundo trimestre de 2009 unas 130.000 personas han obtenido el permiso de trabajo y residencia".

Se trata a su juicio de una reforma "meramente cosmética que perpetúa los principales defectos" del reglamento de extranjería de Jesús Caldera.

Por último, ha expresado la voluntad del PP de alcanzar un acuerdo con el PSOE, aunque ello "dependerá de su altura de miras (de Corbacho), de su capacidad de mirar en el futuro y no solo en el presente".

Por su parte, el portavoz de IU-ICV, Joan Herrera, ha recalcado que la nueva ley "recoge pocos derechos" y no garantiza el control judicial en los centros de internamiento de extranjeros; en un tono similar el diputado Joan Tardá (ERC) ha afirmado que el PSOE necesita "mano de obra, pero llegan personas".

El tercer grupo en plantear una enmienda a la totalidad, el PNV, ha recordado -en boca de su portavoz Emilio Olabarría- que tanto Amnistía Internacional como Red Acoge, Cáritas o la Comisión Española de Ayuda al Refugiado han cuestionado el texto, "todo son críticas".

Ha felicitado además a Corbacho de querer tender la mano, aunque "va a tener que tender las dos manos", ya que, entre otras razones, es una ley a la que se puede refutar casi todo.

Ana Oramas, de Coalición Canaria (Grupo Mixto), ha advertido de que la reforma, en sus actuales términos, será muy difícil que sea apoyada por CC, y ha considerado "grave" que no concrete nada sobre los menores extranjeros no acompañados.

Tanto Begoña Fernández Dávila (BNG) como Carles Campuzano (CiU) han confesado que el proyecto no responde a sus expectativas, sin embargo han dicho confiar en el trabajo que se haga durante su tramitación.

Corbacho asegura que su propuesta "refleja el sentir de la sociedad"
El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, calificó en su intervención parlamentaria el Proyecto de Ley de Extranjería como "un marco normativo adecuado que regule el fenómeno de la inmigración en la España del siglo XXI".

El titular de Inmigración destacó la actitud leal y constructiva de los grupos políticos representados en la Cámara Baja que han entendido el debate de la Ley de Extranjería como una cuestión de Estado. A este respecto, Corbacho recordó que el proceso de participación y consulta abierto por el Gobierno ha hecho posible la presentación de un texto "que refleja el sentir de la sociedad y de las diversas voces y realidades que la conforman"."En todo caso -matizó el Ministro- el Gobierno tiende la mano a los grupos de esta Cámara para incorporar las mejoras necesarias en un clima de responsabilidad y búsqueda de consenso".

Corbacho tildó este nuevo marco normativo como una ley coherente con la legislación europea y con la Constitución Española, "que servirá para consolidar un escenario estable de seguridad jurídica para abordar la inmigración de los próximos años". El ministro recordó que el Proyecto de Ley de Extranjería, que rechaza de pleno la inmigración irregular y que incluye los instrumentos para sancionar a quienes la favorezcan, consolida la inmigración legal y ordenada y refleja la necesaria vinculación de la llegada de trabajadores inmigrantes a las necesidades del mercado de trabajo.

Denuncias de las ONGs de Desarrollo
Por su parte, la Coordinadora de ONG de Desarrollo (Congde) denunció en la misma jornada que la próxima reforma de la Ley de Extranjería lesionará "gravemente" la credibilidad de España y endurecerá las condiciones de vida de los inmigrantes.

Tras el rechazo en la Cámara Baja de tres enmiendas a la totalidad planteadas por el PP, PNV y ERC-IU-ICV a la futura ley de extranjería, la Congde afirma que el proyecto supondrá un grave retroceso en derechos.

A su juicio, las restricciones a la reagrupación familiar que plantea la reforma -limita la llegada de los ascendientes- no sólo "vulnera" el derecho a vivir en familia, sino que repercute en uno de los principales mecanismos de desarrollo de los países de origen: la cuantía de las remesas enviadas por los migrantes es equiparable al presupuesto de Ayuda Oficial al Desarrollo del conjunto de la UE.

Añade que mientras "no se garantiza suficientemente el interés superior del menor en las repatriaciones a sus países, algunos de los centros en los que serán acogidos están siendo financiados por fondos de Ayuda Oficial al Desarrollo, convirtiendo a esta en un instrumento de las políticas de control migratorio".

La CONGDE también considera injusto "el retroceso en derechos y el endurecimiento en las condiciones de vida de las personas migrantes, cuando han contribuido al crecimiento económico de España, a garantizar su sistema de protección social y a enriquecer su capacidad de tolerancia y diversidad".

Por otro lado, la UGT ha reclamado que la reforma de la ley de extranjería no vaya más allá de lo necesario para regular las entradas y salidas y la situación administrativa de los inmigrantes.

El sindicato considera además que la reforma debería contribuir a proporcionar instrumentos válidos y eficaces para luchar contra la explotación laboral de la población trabajadora extranjera y conductas como el tráfico y la trata de seres humanos.

Sin embargo, UGT es consciente, porque la misma situación se ha producido en países vecinos, de que en momentos de crisis, es frecuente la demagogia, que tiende a cuestionar la presencia de los trabajadores extranjeros y sus familias, olvidando que forman parte de la sociedad y que llegaron en el marco de las peticiones del mercado de trabajo.

Por último, la Red Estatal por los Derechos de los y las Inmigrantes, que el mismo día se reunió con el diputado socialista Oscar Seco, exigió la retirada del proyecto legislativo por considerar que lesiona gravemente los derechos y libertades de la población extranjera y perjudica los valores de la convivencia de la sociedad española.