ACTUALIDAD NACIONAL
La organización elaboró un informe que hará llegar a todos los diputados y senadores
Por Efe
Última actualización 22/09/2009@14:34:15 GMT+1
Amnistía Internacional (AI) ha criticado que la nueva Ley de Extranjería se centre más en la seguridad nacional y el rendimiento económico que no “en la aproximación a los inmigrantes como personas” con derechos humanos. El recurso al internamiento, la falta de garantías para los menores no acompañados, la precaria situación de las inmigrantes ante la violencia de género y los “obstáculos” en el acceso a la educación y la salud son algunos de los puntos que critica la ONG.
Por medio de un comunicado, AI ha hecho pública su postura ante el comienzo de la tramitación parlamentaria de la Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social, que la semana pasada comenzó su tramitación parlamentaria. Así, la organización ha lamentado que “no se aproveche esta reforma para adecuar la legislación española a los estándares internacionales de derechos humanos”.
La organización ha elaborado un informe de la legislación propuesta que hará llegar a todos los diputados y senadores y en el que afirma que “es perfectamente legítimo” que España articule una política de control migratorio pero “no lo es que ésta vulnere muchos de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos ya adoptados”.
Para AI, la nueva ley tiene “más sombras que luces”, entre las que destaca lo que considera “un paso atrás en materia de detención de inmigrantes irregulares” que son “criminalizados” por carecer de papeles y sometidos a un internamiento de hasta 60 días.
La ley también presenta “garantías insuficientes” para los menores no acompañados y no hace referencia alguna a la obligación de la Administración de informar y facilitar al menor tanto su derecho a la asistencia letrada como a solicitar asilo, critica AI.
La organización subraya también que, ante una denuncia por violencia machista, la Administración responda abriendo expediente de expulsión, que posteriormente puede o no ser suspendido. Los obstáculos en el acceso al derecho a la educación, el derecho a la salud y el derecho a la vivienda, son otras de las “sombras” del proyecto de Ley, según AI.