La reforma del Reglamento de la Ley de Extranjería -acordado por el Gobierno en julio pasado (RD 1162/2009)- permite que las Comunidades Autónomas que recojan la mencionada reforma en sus Estatutos -como se produce en los casos de Cataluña y Andalucía-, puedan conceder permisos iniciales de trabajo para los extranjeros.

Según informó Fernández-Lasquetty, el Gobierno regional considera que las competencias en materia de permisos de trabajo deben continuar en el ámbito estatal, según lo recoge el artículo 149 de la Constitución española, que señala que “al Estado le corresponde la competencia exclusiva en materia de nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo, no siendo susceptibles de transferencia o delegación”.

Por lo tanto, para el Ejecutivo de Esperanza Aguirre, el Gobierno nacional ha quebrantado el procedimiento que establece el cambio normativo, con el fin de poder traspasar unas competencias a algunas Comunidades Autónomas que, en este caso, supone la ruptura de la unidad política establecida para regular los flujos migratorios.

Caos burocrático y desequilibrio entre regiones
Para el consejero de Inmigración, este traspaso competencial supondría, además, un caos burocrático y un desequilibrio entre las regiones que tendrían competencias en permisos de trabajo y las que no. En el primero de los casos, "el desorden administrativo se produciría como consecuencia del desdoble burocrático que esta reforma conlleva: las CCAA iniciarían por su lado los expedientes para otorgar los permisos de trabajo y, paralelamente, la Administración central comenzaría otro proceso para conceder los permisos de residencia a una misma persona extranjera; ambos procesos, hasta la fecha, están centralizados en el Estado", aseguró.

En cuanto al desequilibrio regional que esta normativa supondría, dijo Fernández-Lasquetty, hay que tener en cuenta que la concesión de los permisos iniciales de trabajo estarían sujetos a la arbitrariedad de cada Comunidad Autónoma y que, si el extranjero solicitara mudarse a otra región, ésta tendría que asumir los gastos de integración.

Vulneración de la jerarquía normativa
Fernández-Lasquetty también afirmó que el recurso que la Comunidad de Madrid presentó ante el Tribunal Supremo incide en el hecho de que el Ejecutivo nacional ha reformado mediante Real Decreto el Reglamento de la Ley de Extranjería sin haber modificado antes la propia Ley, algo “muy grave” según el consejero, porque vulnera los principios constitucionales de legalidad y jerarquía normativa.

Por último, el recurso presentado por los Servicios Jurídicos de la Comunidad excluye expresamente tres disposiciones contenidas en el citado Real Decreto, que no se refieren a atribuciones autonómicas sino que flexibilizan los trámites para renovar los permisos de residencia de aquellos inmigrantes que estén en situación de desempleo, cuestión con la que el Gobierno regional madrileño está de acuerdo.