El Congreso de los Diputados aprobó en un lapso de sólo 14 días las nuevas leyes de Asilo y Extranjería. La primera entrará en vigor dentro de unos días, mientras que la segunda aún debe pasar al Senado y volver al Congreso. El respaldo mayoritario de los grupos parlamentarios a ambas normas (la ley de Asilo incorporó 220 enmiendas, y la de Extranjería, casi 300) contrasta con el rechazo generalizado de las asociaciones de inmigrantes y de apoyo a la inmigración, que denuncian que las nuevas leyes restringen los derechos humanos aún más que las anteriores y confirman el endurecimiento de las políticas de inmigración en España.
Tres son los aspectos de la nueva Ley de Extranjería que más rechazo provocan entre las asociaciones de inmigrantes y las ONG: la ampliación del plazo de internamiento de los inmigrantes irregulares en los Centros Internamiento de Extranjeros (CIE); la limitación del reagrupamiento familiar y las sanciones a las personas que faciliten el empadronamiento ilegal.
Entre los aspectos positivos del texto, las ONG destacan que refuerza las garantías legales de los ingresados en los CIE, permitiendo a las ONG visitar y fiscalizar los centros; los reagrupados tendrán permiso de residencia y trabajo, y no sólo de residencia; y las víctimas de vi recibir una autorización especial de residencia si prospera su denuncia, pero también señala que se les abrirá un procedimiento paralelo de expulsión. Con todo, la mayoría de las enmiendas incorporadas a la Ley durante su paso por el Congreso no tienen que ver con la ampliación de los derechos de los inmigrantes, sino con el aumento de las competencias de las Comunidades Autónomas en inmigración.
El Gobierno espera que la nueva Ley sea aprobada antes de fin de año y trabaja ya en un nuevo reglamento con la intención de redactarlo antes de un año, según anunció la secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí, tras el debate de la ley en el Pleno de la Cámara Baja.
El PP votó en contra de la Ley porque no prohíbe las regularizaciones masivas y anunció que la reformará en cuanto tenga ocasión.
Amnistía Internacional (AI) y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) denunciaron que “aumenta los obstáculos para poder acceder al asilo en España”, como la desaparición del derecho a pedir asilo en las embajadas españolas y la introducción del concepto de ‘tercer país seguro’ como causa de inadmisión de la solicitud, “que vulnera la obligación, contemplada en la Convención de Ginebra, de estudiar cada caso de forma individual, así como el principio de no discriminación por motivos de nacionalidad”.
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