La asociación Jueces para la Democracia (JpD) ha expresado su más firme rechazo al aumento de controles policiales en centros de atención a colectivos vulnerables como los inmigrantes, denunciado por Cáritas, y exige al Gobierno que no ponga en riesgo la labor de las organizaciones no gubernamentales.

Así lo afirma JpD en un comunicado después de conocer el último informe de Cáritas sobre la situación de los extranjeros en España, que denuncia el “considerable aumento” de controles policiales sin previo aviso en sus centros de asistencia a los más desfavorecidos, muchos de ellos inmigrantes ilegales.

Esta asociación de jueces de corte progresista considera que el informe de Cáritas ha puesto de relieve la grave situación de vulnerabilidad en la que se encuentran cientos de miles de personas que han perdido sus trabajos a causa de la crisis económica o que, por su condición de extranjeras, carecen de un entorno familiar y personal que les permita acceder a niveles de subsistencia digna.

Por eso, JpD advierte de que las consecuencias de ese tipo actuaciones policiales “pueden resultar desoladoras en cuanto supongan cortocircuitar vínculos de asistencia y de integración indispensables, expulsando a muchas personas a la más extrema marginalidad y a la pérdida de toda posibilidad de vida digna”.

En este sentido, elogia y muestra su apoyo a la labor de Cáritas y otras organizaciones no gubernamentales que desarrollan una actividad asistencial de integración y de soporte a los colectivos más vulnerables y exige al Gobierno que “no ponga en riesgo” ese trabajo solidario “mediante actuaciones que pueden socavar los fundamentos axiológicos de nuestro Estado constitucional”.