El titular de la institución, Íñigo Lamarca, ha entregado el informe anual de actuaciones a la presidenta del Parlamento Vasco, Arantza Quiroga, y luego lo ha presentado a los medios de comunicación.

Ha explicado que la mayor parte de las quejas que ha recibido hacen referencia al proceso de adjudicación de una ayuda o prestación o a la suspensión de ella por parte de alguna administración.

El Ararteko destaca que en este momento de crisis resulta "alarmante" que se haya extendido un discurso social, "que no está basado en estudios rigurosos, que relaciona inmigración con delincuencia y con el uso abusivo y fraudulento de servicios públicos y prestaciones".

A juicio del Defensor del Pueblo vasco, este discurso es "muy preocupante" porque puede afectar a las políticas públicas de inmigración y de integración que las administraciones desarrollan, así como a la convivencia y la cohesión social.

Lamarca también apunta que durante el año pasado el Gobierno Vasco "suprimió" el servicio Heldu, de atención jurídico-social a inmigrantes, sin que se haya aprobado ningún nuevo plan de inmigración.

En este sentido, el informe constata que el Ararteko ha recibido más quejas que otros años con relación a la denegación y suspensión de prestaciones, como la Renta de Garantía de Ingresos o las Ayudas de Emergencia Social, que, "no hay que olvidar, se conceden a personas en situación de riesgo o en exclusión social", sean inmigrantes o no.

Lamarca ha anunciado que estará "vigilante" para que el cien por cien de los ciudadanos tengan garantizados "los mínimos exigidos" para tener una vida digna y que en la comunidad autónoma haya cohesión social.