La marcha reunió en Barcelona a más de un millón de personas, según sus organizadores y la Guardia Urbana, y contó con el respaldo de todos los grupos políticos institucionales, excepto el PP y Ciutadans, que están de acuerdo con el fallo del Tribunal.
“El Estatuto fue avalado por la soberanía del pueblo catalán y el TIC no puede decidir por encima” de esta voluntad, señaló la Taula en un comunicado. “El rechazo al reconocimiento de Catalunya como nación, así como la limitación de su autogobierno, afecta al conjunto de ciudadanos, también a aquellos para los que Catalunya es su país de elección”, añadió.
La movilización fue secundada por entidades como como la Federación de Entidades Latinoamericanas (Fedelatina), la Federación de Entidades Peruanas en Cataluña (Fepercat) y la Federación de Asociaciones de Colombianos en España (Fedascoe). La Asociación de Ecuatorianos Independientes de Catalunya (AEIC), el Centre Boliviá Catalá, la Asociación de Profesionales Dominicanos en Cataluña (Aprodocat) y la Asociación de Uruguayos en Catalunya (AUC) fueron otros de los colectivos que respaldaron la marcha.
Estas 25 entidades consideraron en un comunicado que la sentencia del Tribunal Constitucional supone “un grave retroceso para Cataluña y el Estado Español” que profundizará “la brecha social, política y cultural” entre Estado y Autonomías.
El colectivo inmigrante también denuncia que la eliminación del uso preferente de la lengua catalana en los medios de comunicación y la Administración pública perjudica a los inmigrantes porque les imposibilita utilizar el catalán como “lengua común y vehicular para mejorar las condiciones de vida” y así conseguir “el ascenso social y económico”.
Además, considera que la modificación de las competencias administrativas y fiscales harán disminuir los recursos para atender las “necesidades sociales de la población catalana”, un hecho que consideran que revertirá en “los sectores más vulnerables”, en el que incluyen el colectivo inmigrante.