Así lo explicó su portavoz, Francesc Homs, que señaló que el Ejecutivo de Artur Mas dejará de lado el discurso “buenista” del tripartito en materia inmigratoria y apostará por el cumplimiento de los derechos y los deberes, haciendo especial hincapié en estos últimos. En ese sentido, dijo que aplicará lo que prevén las leyes de acogida y extranjería. “El catalán es la mejor manera de medir el nivel de integración”, aseguró Homs, que evitó ponerlo como condición para que los inmigrantes renueven sus contratos de residencia y arraigo.

El Parlamento catalán aprobó el 28 de abril del 2010 la ley de acogida, que faculta a la Generalitat a acreditar la integración prevista en la última reforma de la ley de extranjería, en concreto en los trámites de arraigo, renovación de las autorizaciones de residencia temporal y de acceso a la nacionalidad por residencia. La Generalitat lograba así la competencia para dar certificados de acogida a los inmigrantes con eficacia jurídica, que pueden utilizarse como prueba de su integración ante el juez para acceder a su regularización. La ley hace del catalán la “lengua común” de acogida de los inmigrantes.

Sin embargo, la defensora del pueblo en funciones, María Luis Cava de Llano, presentó en verano un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de acogida, al considerar que establece una preferencia lingüística en favor del catalán sobre el castellano en relación a los inmigrantes.