Entre las actitudes que el Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat alega para poder penalizar a los extranjeros están el consumo de alcohol en la vía pública, la venta ambulante ilegal o las molestias por ruidos a los vecinos.
El Ayuntamiento catalán aprobará esta propuesta en el pleno municipal del 21 de diciembre, por mayoría socialista, y la trasladará al Ministerio de Trabajo para que se incluya en el reglamento de la Ley de Extranjería.
Por su parte, Marín se defiende alegando que el consistorio no pide “unas actitudes modélicas, sino que se respeten las normas de convivencia que tiene la ciudad”.
La alcaldesa añadió que los inmigrantes “incívicos” son “una pequeña minoría que estigmatiza a todo el colectivo, porque la mayoría de personas tiene un buen comportamiento”.
De esta forma, el informe que los consistorios hacen cuando un inmigrante pide formalizar el arraigo o reagrupar a su familia incluiría también observaciones sobre su “comportamiento cívico”.

Respecto al municipio de Salt, los grupos del PSC y ERC, que gobiernan en coalición, tienen previsto aprobar una moción el próximo 20 de diciembre que apunta en la misma dirección que la propuesta de L´Hospitalet.
Desde el equipo de gobierno se considera que “el comportamiento incívico de algunas personas en calles o plazas o en el espacio privado, en pisos o bloques, repercute directamente en las sensaciones de seguridad y de civismo que tienen los ciudadanos, que además puede inducir a la criminalización de determinados colectivos en función de su origen y puede alimentar actitudes xenófobas o racistas”.
“La gente no vive en las subdelegaciones del Gobierno [responsables de aprobar o denegar estos permisos], sino en las ciudades. Somos nosotros los que hemos de sufrir vecinos que pueden ser incívicos. ¿Por qué hemos de emitir un informe positivo?”, argumentó la alcaldesa.
El líder municipalista del PSC y alcalde de Sabadell, Manuel Bustos, admitió que el partido no tiene una posición fijada con respecto a estas propuestas, aunque las calificó de “interesantes”.

Por su parte, el alcalde de Barcelona, Jordi Hereu,  al ser preguntado sobre si comparte la petición de L´Hospitalet de Llobregat ´y Salt, afirmó que el consistorio barcelonés “lleva años haciendo informes de arraigo, en algunos casos negativos”. “Alguien que distribuye latas lo sabe perfectamente”, advirtió.
La capital catalana es pionera en este sentido. Desde el verano de 2009 vincula la emisión de un informe favorable sobre el arraigo al cumplimiento de la normativa. Así, a todo irregular con cuatro o más sanciones se le niega automáticamente.
Desde entonces hasta el pasado mes de noviembre, Barcelona ha abierto 8.780 expedientes de arraigo, de los que 68 han sido desfavorables por este motivo. Las sanciones más frecuentes son la venta ambulante ilegal de alimentos y bebidas, método de supervivencia al que recurren muchos sin papeles –de ahí la alusión a los lateros–, el consumo de alcohol en el espacio público en envases de vidrio o lata, la colaboración en venta ambulante no autorizada, el lanzamiento de envases de bebidas en la vía pública y las faltas por orinar en el espacio público.

Anna Terrón ve la propuesta con buenos ojos

Tras la petición de los ayuntamientos de L'Hospitalet de Llobregat y Salt de denegar la legalización por arraigo a los extranjeros que vulneren las ordenanzas cívicas, la secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Anna Terrón, declaró que el Gobierno “estudiará incluir esta petición en el nuevo reglamento de la ley de extranjería”.
Terrón matizó que esta restricción debería limitarse a los ciudadanos que vulneren de forma flagrante y reiterada las ordenanzas municipales. Terrón recordó que el Gobierno no tiene la obligación de regularizar a los inmigrantes sin papeles. Si se hace de forma extraordinaria, añadió, es porque se constata que llevan tres años viviendo en España y en condiciones de acceder a un contrato laboral. Advertir a quien solicita este permiso de que un comportamiento incívico grave puede acarrearle la no legalización puede ser, afirmó Terrón, una medida “disuasoria”.