En escasos tres meses se celebran elecciones municipales y en ellas podrán votar aquellos ciudadanos de otros países con los que España ha suscrito un convenio de reciprocidad en el ejercicio del voto que lleven residiendo en territorio nacional de forma legal durante un mínimo de cinco años.
Cabe recordar, en este punto, que el periodo para verificar la documentación personal que llevara a los potenciales votantes a convertirse en votantes de pleno derecho comenzaba el 1 de diciembre y finalizaba, en principio, el 15 de enero. El Gobierno, en un primer síntoma de fracaso, lo amplió en 10 días, hasta el 25 de enero, en respuesta a las demandas de las organizaciones sociales y de los representantes de los inmigrantes para que los interesados dispusieran de más tiempo para registrarse.
A finales del mes de diciembre, cuando ya se vislumbraba un ritmo muy pausado en todo el proceso, comenzó una vorágine de actos promocionales de la inscripción en el Censo de Extranjeros Residentes en España (CERE) de cara a las elecciones municipales. Estas iniciativas llegaban muy tarde. Nosotros llevábamos más de un año anunciando la importancia de incorporar a los nuevos residentes a la vida política española (ver número 100 de junio de 2009 o 105 del mes de noviembre de ese mismo año). En septiembre de 2010 explicábamos ya todos los requisitos, puesto que éstos no se conocieron hasta finales de agosto. Y en noviembre recordábamos de nuevo qué tenían que hacer los interesados.
Si la ampliación del plazo en diez días era un primer síntoma claro de fracaso, éstas no eran más que alocadas convocatorias que intentaban salvar un total desinterés previo por la participación de los inmigrantes en la vida política española y una nula planificación de lo que podría suponer la puesta en marcha de un proceso en plena época vacacional como son las Navidades en las que muchos nuevos residentes aprovechan para regresar a sus países de origen. Y es que este periodo inicial de mes y medio requería intercambio de documentación entre la Administración y los ciudadanos, validación de datos en caso de necesidad que chocaba con la lenta burocracia y que incluso obligaba a realizar pesados trámites en detrimento del horario laboral.
El resultado final es totalmente insatisfactorio. Los datos de inscripción al CERE, conocidos a fecha de 9 de febrero y a falta de un periodo de reclamaciones, han sido muy bajos y el porcentaje de participantes ha sido calificado de “irrisorio” desde diversos sectores relacionados con la inmigración que consideran que el principal responsable de esta situación es el Gobierno por la poca información y el exceso de burocracia que caracterizó el proceso de inscripción, además de por la desacertada selección de las fechas para realizar este operativo. Y no seremos nosotros quienes nos opongamos a estas conclusiones. Las críticas del colectivo, a las que se suma en este número el nuevo director general de Inmigración de la Generalitat catalana Xavier Bosch, inciden en que el interés y la campaña institucional del Ejecutivo han sido “totalmente inexistentes”, algo que pudimos comprobar, al ofrecer campañas publicitarias al respecto en este periódico y en nuestra página web (www.latinoamericaexterior.com) y recibir un no, repetido hasta la saciedad, por respuesta. Y no sólo en la Administración central. Nuestros lectores sabrán valorar el apoyo de otras instituciones que sí se preocuparon de promocionar este proceso en este medio.
Coincide el cierre del proceso de inscripción para votar con la presentación del Reglamento de la Ley de Extranjería con ocho meses de retraso. A las denuncias sobre la gestión del acceso al voto añadimos también el retardo en la elaboración y puesta de largo oficial del texto que desarrolla la Ley de Extranjería.
Por tanto, celebramos un aniversario agridulce de Latinoamérica Exterior por el rumbo de las políticas de cara a los inmigrantes, que nos sirve para reafirmarnos aún más y seis años después de nuestro primer número, en la defensa de los derechos de los nuevos ciudadanos residentes en España.