Algunas de estas asociaciones no descartan la posibilidad de hacer actos públicos en defensa de esta Ley de Acogida (...). Todos  dicen que el recurso de la Defensora discrimina a los inmigrantes, que si no aprenden catalán estarían en peores condiciones para, por ejemplo, encontrar un trabajo. (...).
Sin embargo, detrás de este montaje político orquestado por los partidos políticos y los sindicatos, cabría reflexionar y hacer algunas preguntas.  El TC establece que es “inconstitucional y nulo” el artículo 6.2 del Estatut, “en su pretensión de imponer un deber de conocimiento del catalán equivalente en su sentido al que se desprende del deber constitucional de conocimiento del castellano”. Por lo tanto, la Ley de Acogida es inconstitucional. No olvidemos que el dictamen argumenta que los estatutos de autonomía son normas subordinadas a la Constitución.
El TC considera en su sentencia sobre el recurso del PP contra el Estatuto de Cataluña que los ciudadanos catalanes tienen “sólo obligación de conocer el castellano”, con la excepción de los funcionarios, por estar éstos obligados a atender a los ciudadanos en ambas lenguas (...). La sentencia deja claro que las Administraciones Públicas catalanas “no pueden tener preferencia” por ninguna de las dos lenguas. Son los particulares quienes tienen el derecho de utilizar tanto el catalán como el castellano en su relación con los poderes públicos “en perfecta igualdad de condiciones”.
Entonces, ¿por qué estas asociaciones no toleran el recurso presentado por la Defensora? ¿A qué intereses responden aquellos que defienden la Ley de Acogida? ¿Por qué defienden una Ley que es anticonstitucional? ¿Por qué el empeño de Fedelatina, por ejemplo, en ponderar el catalán por encima del castellano, lengua materna de los inmigrantes que dice representar?
La sociedad debe abogar por una integración poco traumática, sin obstáculos y la Ley de Acogida, tal y como se ha enfocado, no solo es anticonstitucional sino también un obstáculo para aquellos extranjeros que desean regularizar su situación en Catalunya o que, una vez regularizados pretender optar a la nacionalidad española. ¿No parece un desastre que para ser español un inmigrante tenga que hablar catalán? ¿Por qué será que las declaraciones de quienes dicen representar a los inmigrantes, hechas a medios de comunicación catalanes, se han hecho en castellano y no en catalán? ¿Hablan esos “representantes” la lengua catalana que tanto defienden? ¿De dónde reciben las subvenciones esas asociaciones? ¿Acaso no las reciben de entidades catalanas? ¿Por qué se han sumado los inmigrantes a este debate político? ¿Pueden votar en las elecciones generales los inmigrantes que residen en España de forma regular sin tener aún la nacionalidad española? No. Entonces ¿para qué aquellos que dicen representarles se suman a este debate político?
Sería bueno preguntarle a esos “representantes” de los inmigrantes qué opinarían si no tuvieran “papeles” y de repente surge esta Ley de Acogida. ¿Pensarían lo mismo? Para Legalcity no hay otra forma de interpretar estas declaraciones como hipócritas y sin sentido.