El Ejecutivo, que en septiembre de 2007 elaboró un borrador con propuestas de reforma, no ha vuelto a abordar el tema ni existen visos de que lo vaya a hacer a corto plazo, a pesar de que garantizó que lo llevaría a cabo antes de que se agotara la legislatura.

Hasta que se modifique dicha normativa, las personas empleadas de hogar, en su mayoría mujeres, siguen sujetas a una ley que no les reconoce los derechos mínimos garantizados al resto de trabajadores. Por ello, para las entidades sociales es de vital importancia una reforma que contemple la obligatoriedad del contrato escrito en todos los casos, una jornada máxima de 40 horas, en la que desaparezca el tiempo de presencia y que el salario neto nunca pueda ser inferior al mínimo anual interprofesional en función a la jornada realizada. Por otro lado, las organizaciones entienden que esta reforma debería incluir la desaparición de los descuentos abusivos por alojamiento o manutención y que la indemnización por finalizar el contrato sea igual que en el resto de sectores.
Además, el documento debería recoger la integración del empleo doméstico en el Régimen General de la Seguridad Social, con obligación de dar de alta desde la primera hora de trabajo, que la cotización esté siempre repartida entre la parte empleadora y la empleada, el reconocimiento de accidente de trabajo y de la prestación por desempleo y el cobro de la baja por enfermedad común, enfermedad laboral o accidente, tal como se reconoce en el régimen general.
Por último, las organizaciones firmantes quieren destacar la importancia de la intermediación de los servicios públicos de empleo en este sector. Por ello, reivindican que garanticen el cumplimiento de la normativa laboral en las ofertas que reciban, para que no existan abusos ni en el acceso al empleo, ni en la formalización de los contratos. Asimismo, la Inspección de Trabajo, opinan, debería llevar a cabo un mayor control e investigación de la actividad de las agencias privadas de colocación que actúan en el ámbito del servicio doméstico.
Respecto a la reforma laboral que se aprobó el pasado 9 de septiembre en el Congreso, aseguran que se sigue sin reconocer a las personas trabajadoras de hogar el salario mínimo interprofesional en cómputo anual. Además, no se les reconoce económicamente todo el tiempo trabajado, en la medida en que sigue siendo legal el  “tiempo de presencia” no retribuido.