De los siete convenios firmados por España y que ya están en vigor, cinco corresponden a países latinoamericanos: Ecuador, Colombia, Chile, Perú y Paraguay. Los convenios con Ecuador y Colombia están vigentes desde el 1 de enero de este año; el de Chile, desde el 1 de febrero; y los de Perú y Paraguay, desde el 1 de junio. Si las elecciones fuesen hoy, los nacionales de estos países que residen en España y cumplen el resto de los requisitos exigidos podrían votar.
De los otros ocho convenios suscritos por el Gobierno español que todavía no han sido ratificados por el Congreso de los Diputados, tres se refieren también a países latinoamericanos: Argentina, Uruguay y Bolivia. El convenio con Venezuela está en fase de negociación, pero también podría llegar a tiempo para que los nacionales de este país voten en las próximas elecciones municipales.
Más difícil lo tienen los argentinos y uruguayos residentes en España, a pesar de contar con convenios ya firmados. No se descarta que estos acuerdos puedan llegar a ser ratificados antes de las elecciones, pero ahora mismo están paralizados.
La Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados dejó en suspenso la tramitación de ambos convenios al entender que no cumplen los requisitos de reciprocidad exigidos para este tipo de acuerdos.
El PP, principal grupo de la oposición, entiende que en ambos convenios no se dan plenas garantías para que los españoles que viven en estos países puedan votar en las mismas condiciones que los argentinos y uruguayos que residen en España, como obliga la Constitución española.
En Uruguay sólo se permite el voto a personas con familia legalmente constituida y, en caso de los extranjeros, con 15 años de residencia, mientras que en otros países sólo se piden dos.
El caso más polémico es el de Argentina, donde la legislación electoral está descentralizada y el Estado no puede fijar requisitos uniformes. En ese contexto, hay dos provincias (La Rioja y Formosa) que prohíben votar a los extranjeros y en el resto los requisitos son tan variados que imponen de 1 a 10 años de residencia, mayoría de edad de 18 a 21 años e incluso condiciones económicas para poder votar. Desde el PSOE señalaron que se trabajó con una reciprocidad flexible y con criterios generosos por parte de España, lo que no aceptarían los otros dos grupos parlamentarios. El caso está en manos del Gobierno, que debe decidir si opta o no por la renegociación del convenio.
Desde España se ha enviado a otros 120 países de todo el mundo una invitación para expresarles su intención de alcanzar un acuerdo idéntico si en algún momento cambian su legislación electoral y permiten votar a extranjeros, aunque no ha habido ninguna respuesta a este ofrecimiento. Entre estos países se encuentran algunos que tienen un significativo número de ciudadanos residiendo en España, como México, Brasil y la República Dominicana, además de Marruecos.