Los sindicatos UGT y CCOO expresaron de forma previa a la huelga la defensa de la igualdad de derechos y obligaciones laborales y sociales de los trabajadores extranjeros y ha rechazado cualquier intento de enfrentarlos a los demás trabajadores para “debilitar, una vez más, a la clase trabajadora”.
Los miembros de los sindicatos se expresaron así en un manifiesto conjunto en apoyo de los “trabajadores de nacionalidad no comunitaria”, uno de los sectores “más frágiles” de la sociedad española y que se verá más duramente afectado por una reforma laboral que “precariza” el mercado de trabajo y deja a “los colectivos más vulnerables en manos de agencias privadas de colocación con ánimo de lucro”.
Elaborado con motivo de la huelga general del pasado 29 de septiembre, el manifiesto reivindica que los trabajadores extranjeros “son población trabajadora española, con los mismos derechos y obligaciones a permanecer, reingresar en el mercado laboral o acceder a las prestaciones y servicios para desempleados.
Todo ello, “sin que quepa hablar de competencia o sustitución de unos trabajadores por otros o cuestionar, en igualdad de condiciones, su acceso a prestaciones y servicios”.
Para UGT y CCOO, aprovechar la crisis para argumentar lo contrario no es sino “la vieja práctica del divide y vencerás, para enfrentar a unos trabajadores con otros, para alejar la atención de quienes han sido responsables de la situación en la que nos encontramos”.
Tras calcular que “varios miles” trabajadores extranjeros han perdido o van a perder su trabajo, el manifiesto advierte de que la reforma laboral y los “brutales ajustes económicos” pueden suponer que además pierdan el permiso de trabajo y residencia, y queden “condenados a la irregularidad o a un retorno no deseado”.
La reforma aprobada crea además “una doble vía, y por consiguiente, distintas categorías de trabajadores” para la búsqueda de empleo o la atención en la situación de desempleo, encargando la gestión a las agencias privadas de colocación, en particular, de aquellos colectivos con especiales dificultades, subraya el texto.
Por todo ello, los sindicatos reivindicaron que “en una sociedad democrática no cabe hablar de competencia entre trabajadores, sino de aprovechamiento por parte de ciertos empresarios de la crisis y la necesidad” y pidieron la retirada de la reforma laboral.
También apostaron por el reconocimiento de los estudios profesionales de los extranjeros y garantías de igualdad de trato y oportunidades independientemente de la nacionalidad u origen racial o étnico.
Además, rechazaron la “privatización de la intermediación laboral y de la gestión del desempleo” y la “intención de separar a la población extranjera y a otros colectivos de la atención normalizada y publica que representan los Servicios Públicos de Empleo”.