Edición 107 - 28 de enero de 2010    10 de marzo de 2010
A FONDO

El Gobierno cree que “está cumpliendo razonablemente sus objetivos” y las asociaciones de inmigrantes opinan que ha fracasado

Catorce meses después de la puesta en marcha del Plan de Retorno Voluntario para inmigrantes sólo 9.848 personas se han acogido a esta medida, según datos del Ministerio de Trabajo e Inmigración. La cifra queda muy lejos de los 100.000 potenciales usuarios que en su día calculó el Gobierno que querrían volver a casa y que permite al inmigrante percibir el paro que tenga pendiente y una ayuda para el viaje. El Ministerio de Trabajo e Inmigración ideó el plan como alternativa a la crisis económica que ha disparado la tasa de paro entre los inmigrantes hasta el 27%.
Guillermo Llano, presidente de la Fein: “Parece un castigo a los inmigrantes regulares”
Víctor Sáez, presidente de la Ferine: “Muchos quieren irse, pero faltan recursos”
Raúl Jiménez, portavoz de Rumiñahui: “Por una capitalización insuficiente no vale la pena perder el permiso de trabajo”
Álvaro Zuleta, presidente de Aculco: “Los resultados demuestran que sí había un proceso de integración”


Representantes de la Generalitat junto a los alumnos de uno de los cursos de nivel básico de catalán.

El dominio de las lenguas cooficiales facilita la integración de los latinos

La pluralidad lingüística de Catalunya, Euskadi, Galicia, Comunitat Valenciana o Illes Balears representa un reto para la inserción social de los inmigrantes

El español no es el único idioma oficial en España. Cinco Comunidades Autónomas tienen otra lengua oficial además del castellano: Catalunya (catalán), el País Vasco (euskera), Galicia (gallego), Comunitat Valenciana (valenciano) e Illes Balears (catalán). ¿Qué importancia tienen estas lenguas cooficiales como elemento de integración? ¿Cuál es la respuesta de los inmigrantes, muy especialmente de los latinoamericanos, ante esta pluralidad lingüística?

Solicitan registros oficiales, una fiscalía especial y la aplicación del agravante contemplado en el Código Penal

Las organizaciones de derechos humanos denuncian que el racismo social y el institucional están creciendo en España alimentados por una mala gestión de la crisis económica y en el contexto de una Europa con una política inmigratoria cada vez más dura que empieza a recordar a la de los años 30. Las entidades que trabajan en este campo piden la puesta en marcha de una estrategia de lucha contra el racismo y la xenofobia que incluya la creación de registros oficiales de los delitos racistas, una fiscalía especial para combatirlos, la aplicación del Código Penal en lo que se refiere al agravante de racismo y su reforma para combatir eficazmente el neonazismo.